El SEndero: Rediscusión de la “Ley de Educación Superior”

Toda ley es la materialización de un decisión estatal, siempre pensando que un Estado sólo es tal en una sociedad estructurada política, económica, social y jurídicamente.

De este modo, cualquier lectura critica o modificación de una de las Leyes más controvertidas y menos conocidas de nuestra sociedad, como es la Ley de Educación Superior, necesita de una contextualización socio-histórica-cultural, ya que nada sucede en el aire o en la neutralidad del “porque sí”.

Hoy, nos situamos en un mundo globalizado que pretende la integración e interacción de los diferentes espacios sociales a nivel mundial, y que en realidad sólo logra la creciente virtualidad en las relaciones humanas, la creciente desintegración y el rápido avance de la ideología sistémica vigente, “el neoliberalismo”. Esta expansión neoliberal expresa el extremo de una ideología que desde sus orígenes se enmarca en el individualismo, la libertad (del individuo parte del todo) la igualdad (homogeneidad) y la fraternidad; dicho extremo lleva a la polarización y el Pensamiento Único. De este modo, cuando perecería que se están rompiendo las fronteras en realidad se está minimizando el Estado, se están distribuyendo las riquezas en manos de unos pocos, se esta muriendo de hambre medio planeta, se está explotando desaforadamente a la tierra, nos estamos quedando sin aire, sin agua, sin minerales ¿qué haremos cuando ya no haya más nada para poseer y para comprar?

Ante esto, el proceso actual de internacionalización cada vez mayor de la Educación Superior, exige una reflexión sobre el carácter mundial de la Educación misma, el Aprendizaje, la Enseñanza, la Investigación, etc. Pues, la Educación es considerada un proceso social y la Universidad Pública y Gratuita una instancia donde los hombres y las mujeres pueden desarrollar conocimientos y capacidades con la característica de responder a las necesidades locales, regionales e internacionales de los Pueblos de los cuales son parte.

La defensa de la Universidad Pública es la defensa de un espacio social cuya finalidad es la de construir conocimiento, desde autónoma y no bajo el control de ninguna empresa privada, ya que como consecuencia del contexto en el que estamos siendo el proyecto de universidad pública se ha tornado un proyecto de universidad de mercado, en donde no hay ninguna posibilidad de que se lleve a cabo la función que le es propia, la de construir conocimientos. Así, la educación se ha transformado (solo para las minorías) en un tipo especifico de propiedad, lo que supone: derecho a poseerla materialmente, derecho a usarla y disfrutarla, derecho a excluir a otros de su uso y disfrute, derecho a venderla o alinearla en el mercado y derecho a poseerla, en cuanto que factor generador de ingresos.[1]

De este modo, nuestro mayor desafió es comprender el momento en el que estamos viviendo y las posibilidades que tenemos para trabajar, crecer y cambiar algo, desde donde es posible repensar el proyecto de ley de Educación Superior enmarcado en el contexto expuesto de creciente desigualdad, y mercantilización educativa. Pues dicha ley: 1) No garantiza la gratuidad ni el ingreso irrestricto, ya que es extremadamente ambigua en los puntos específicos que refieren a lo antedicho, dando libre interpretación, a la vez que autoridad en las decisiones al respecto. 2) Implica una progresiva pérdida de autonomía en relación a las instancias de Evaluación y Acreditación, llevando además el riesgo de ruptura del federalismo universitario , en tanto que enmarca la continuidad de las carreras universitarias según un régimen de evaluación externa (CONEAU) mientras categoriza las diferentes universidades impidiendo el trabajo conjunto y en igualdad de condiciones. 3) Contempla, implícitamente el desfinanciamiento universitario, al autorizar y promover la venta de servicios como fuente de generación de recursos propios.

Ante esto es necesario defender y construir un proyecto de Universidad que haga frente al divorcio que existe actualmente entre la actividad universitaria y la realidad social, y que incrementa la distancia entre las necesidades de los sujetos universitarios y las necesidades de vastos sectores de la sociedad afectados por una situación de exclusión social. Esto sólo es posible construyendo una universidad, que en su condición de Pública es estatal y relacionada a un proyecto Nacional de País; Gratuita, en donde sea el Gobierno el garante de afrontar su obligación para sostenerla con presupuestos dignos y políticas de gobierno afines; y Popular, en la medida en que sea el contenido dominante en los intereses del Estado, y no, como hasta ahora, que responde dominantemente a los grupos económicos financieros.

Para lo cual debe postularse:

Sostener el rol del Estado como garante de la educación pública y gratuita, con compromiso en la financiación y desarrollo de los organismos estatales de generación de ciencia y tecnología.

Promover los gobiernos cuatripartitos proporcionales e igualitarios, como cogobierno estudiantil, en el marco general del gobierno tripartito. Para garantizar un marco de democracia institucional, como condición fundamental para el ejercicio pleno de la autonomía universitaria, frente a las presiones del poder político y económico.

Sostener los centros de estudiantes y federaciones, los sindicatos y gremios, pues estos hacen a la forma y contenido de la participación y compromiso, garantizando la democratización de las instancias de decisión y administración para que la Universidad funcione como un emprendimiento social y no privado, como una organización estatal y nacional, donde las partes integrantes del proceso de trabajo son parte del proceso de gobierno.

Incluir en el ciclo de formación de grado los contenidos de las instancias de postgraduación como forma de garantizar las condiciones de acceso a la formación superior. No defender este proyecto implica que solo el 7% del total de los graduados del ciclo de grado puedan acceder al ciclo de post-grado.

Garantizar un sistema de Becas inclusivo, no aislacionista, ni selectivo.

Promover la Seguridad social y cobertura medica de los estudiantes, como un derecho orientado a la promoción y el bienestar social.

[1] En este sentido, cabe consignar como ejemplo: la decisión de la OMC (Organización mundial del comercio) de incluir a la Enseñanza Superior como uno de los 12 sectores de Servicios, desarrollándose una tendencia a la comercialización favorecida por el avance de las nuevas tecnologías.